Hay palabras que describen la realidad y palabras que la fabrican. Crisis migratoria e invasión no significan lo mismo. Lo sucedido en Ceuta los días 30 y 31 de julio fue extraordinario por su magnitud, desbordó las capacidades ordinarias de una ciudad de apenas 85.000 habitantes y generó una situación que el propio Estado terminó considerando de interés para la seguridad nacional. Negar esa dimensión sería tan poco razonable como negar la angustia que sintieron muchos ceutíes
Pero “invasión” pertenece al lenguaje de la guerra, convierte a quien cruza la frontera en enemigo antes de preguntarnos quién es, de dónde viene, por qué ha llegado o incluso si ha sido utilizado por otros. Y esa transformación lingüística tiene consecuencias: si quienes llegan son invasores, la respuesta parece necesariamente militar; si son personas migrantes inmersas en una crisis excepcional, el Estado debe controlar la frontera, pero también identificar, proteger, acoger provisionalmente, tramitar, devolver cuando jurídicamente proceda y garantizar derechos.
No hay que escoger entre seguridad y derechos. Ese es el primer error que deberíamos evitar. Tampoco podemos comportarnos como si en Ceuta no hubiera ocurrido nada extraordinario. Decenas de miles de personas atravesaron una frontera exterior de la Unión Europea en pocas horas. Las cifras continúan siendo objeto de reconstrucción —los documentos desclasificados no permiten todavía establecer con precisión absoluta cuántas personas entraron—, pero las estimaciones se sitúan en decenas de miles. La ciudad vio alterados sus servicios, sus espacios públicos, el sistema de protección de menores y su capacidad de acogida.
El miedo no siempre es xenofobia, pero no puede convertirse en categoría penal
El miedo de una población que contempla cómo durante unas horas desaparece la normalidad de su frontera no es necesariamente xenofobia. La criminología lleva décadas distinguiendo entre seguridad objetiva e inseguridad subjetiva. Podemos encontrarnos materialmente más seguros y, sin embargo, sentirnos amenazados; y también puede suceder lo contrario. La percepción del descontrol, la ocupación repentina de espacios públicos o la incapacidad visible de las instituciones para proporcionar respuestas generan inseguridad con independencia de que exista un aumento proporcional de la delincuencia.
El Estado democrático debe tomarse ese miedo en serio. Lo que no puede hacer es transformarlo en una categoría penal. De la sensación de inseguridad no se desprende que el extranjero sea peligroso. Un reciente estudio sobre delincuencia e inmigración en España entre 2007 y 2023 muestra que las diferencias entre nacionales y extranjeros disminuyen considerablemente cuando se corrigen variables como edad y sexo y, significativamente, no encuentra asociación entre inmigración irregular y delincuencia. La pobreza, la exclusión y determinadas variables socioeconómicas ofrecen mayor capacidad explicativa.
La distinción importa especialmente en un ecosistema informativo donde el miedo se multiplica con una velocidad desconocida. Aguerri, Miró-Llinares y Sampayo han demostrado recientemente cómo la desinformación sobre inmigración en España reproduce las estructuras clásicas del “pánico moral”: casi la mitad de los bulos distintos analizados atribuían falsamente delitos a personas migrantes. Las redes ya no se limitan a difundir el miedo; pueden producirlo, amplificarlo y mantenerlo incluso cuando el acontecimiento que aparentemente lo originó ha desaparecido.
La sentencia del Tribunal Supremo y su simplificación en redes
Ceuta constituye un ejemplo especialmente pedagógico. La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2026 no declaró abierta la frontera española ni proclamó un derecho a entrar nadando en Ceuta. Estableció algo jurídicamente mucho más preciso: a quien es interceptado en el mar intentando acceder a nado no puede aplicársele el régimen excepcional de rechazo en frontera previsto para quien supera los elementos físicos de contención, sino el procedimiento legal de devolución con sus garantías.
Sin embargo, esa decisión fue simplificada en las redes hasta convertirse en algo semejante a “si llegas nadando, España no puede devolverte”. Maldita analizó más de 1.100 publicaciones en árabe y constató la difusión masiva de mensajes engañosos sobre la sentencia precisamente en los días anteriores y coincidentes con la entrada multitudinaria. El informe del CENIF también ha identificado el papel de Facebook, TikTok, Instagram y, finalmente, grupos cerrados de WhatsApp en la movilización.
Pero quedarnos en “las redes” o “las mafias” sería nuevamente simplificar. Los datos conocidos con posterioridad obligan a plantearnos otra cuestión mucho más incómoda: la posible instrumentalización política de seres humanos. El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y remitido a la Audiencia Nacional describe una entrada planificada y no espontánea y atribuye comportamientos relevantes a gendarmes y agentes marroquíes, uniformados y de paisano. Eso no equivale todavía a una sentencia que atribuya jurídicamente al Estado marroquí la organización de lo ocurrido, y las investigaciones siguen abiertas. Pero permite considerar seriamente la hipótesis de que la migración haya sido utilizada como instrumento de presión.
Amenaza híbrida no significa deshumanización
Aquí sí resulta pertinente hablar, con las debidas cautelas, de amenaza híbrida. No porque los migrantes constituyan un ejército -precisamente esa identificación debe rechazarse-, sino porque una estrategia híbrida consiste en utilizar instrumentos distintos de la fuerza militar convencional para generar desestabilización, presión política o pérdida de capacidad de decisión en otro Estado. La Unión Europea venía considerando desde la crisis de Bielorrusia que la instrumentalización de personas migrantes promovida por un Estado puede formar parte de ese tipo de amenaza, aunque insistiendo simultáneamente en que la respuesta debe respetar los derechos humanos y el derecho de asilo.
En septiembre de 2026, el propio Parlamento Europeo ha debatido y resuelto específicamente sobre los acontecimientos de Ceuta bajo el título de los “recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes” y la protección de las fronteras exteriores de la Unión. Pero aquí aparece una paradoja que debería preocupar especialmente a quienes defendemos una concepción garantista del Estado.
Reconocer la instrumentalización no puede significar aceptar la deshumanización del instrumento. Si un Estado, una organización criminal, una red digital o cualquier otro actor utiliza a miles de jóvenes para generar presión sobre una frontera, esos jóvenes no dejan por ello de ser sujetos de derechos. Al contrario: son también víctimas de esa instrumentalización. Convertirlos después en culpables colectivos significaría culminar el mecanismo de quien los utilizó.
Una tragedia humana que no puede quedar al margen
Las cifras de muertos deberían bastar para recordarlo. Los primeros balances hablaron de 67 fallecidos. Después fueron 72, 82 y finalmente 88 cadáveres recuperados en Ceuta. Organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre ambos lados de la frontera han elevado a 141 el número total de fallecidos, incluyendo los encontrados en Marruecos. No todas estas cifras tienen la misma naturaleza oficial y deben distinguirse, pero todas describen una tragedia humana de una dimensión que no puede convertirse en un apéndice del debate político.
Y las personas migrantes que sobrevivieron no son únicamente sujetos potenciales de devolución. Son también potenciales solicitantes de protección, menores, personas vulnerables y, en algunos casos, víctimas de delitos. La Fiscalía ha registrado desde el inicio de la crisis 23 agresiones sexuales contra personas migrantes, nueve de ellas menores de edad. Los presuntos responsables identificados pertenecían, además, a distintas nacionalidades. La realidad se resiste así a la cómoda división entre una población autóctona víctima y una población extranjera amenazante.
Gestionar una frontera exige algo más que policía
El artículo de Itziar Gómez Fernández que inspira parte de esta reflexión acierta al introducir una dimensión que ha quedado relegada por el debate sobre quién “dejó entrar” a quién: una frontera no se gestiona únicamente con policías. Se necesitan funcionarios capaces de identificar personas, intérpretes, personal sanitario, profesionales para detectar vulnerabilidades, servicios de protección de menores, asistencia jurídica y estructuras de acogida.
Desde el 12 de junio de 2026, además, resulta aplicable el Reglamento europeo 2024/1356, que obliga a realizar el triaje de quienes cruzan irregularmente una frontera exterior. No se trata simplemente de poner un nombre a alguien. El procedimiento incluye reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación, comprobaciones de seguridad y registro biométrico; y, como regla general, debe completarse en un máximo de siete días. El propio Reglamento exige además un mecanismo independiente de seguimiento del respeto del Derecho de la Unión, del Derecho internacional y de la Carta de Derechos Fundamentales.
Por eso resulta particularmente pertinente la crítica de Gómez Fernández: haber sido capaz de recuperar policialmente la frontera no significa haber gestionado jurídicamente la crisis. El retraso en la identificación, el triaje y la atención de miles de personas demuestra una vulnerabilidad diferente, menos visible que una valla derribada pero igualmente importante: la insuficiencia administrativa de un Estado que debe estar preparado para ejercer el poder conforme a Derecho también cuando llegan miles de personas simultáneamente.
La contradicción europea de la externalización migratoria
Y aquí aparece la segunda gran contradicción europea, durante años hemos externalizado el control migratorio. Queremos fronteras eficaces, pero buena parte de esa eficacia depende de que Marruecos, Turquía, Libia u otros terceros Estados impidan que las personas lleguen a ellas. Blanca Garcés ha señalado precisamente esta contradicción: cuanto mayor es la externalización del control, mayor es también la dependencia de los países que actúan como guardianes exteriores; y mayor, por tanto, su capacidad de utilizar esa dependencia políticamente.
En Ceuta esta cuestión ha dejado de ser teórica y España tiene derecho a controlar su frontera. Tiene derecho a impedir entradas irregulares. Puede devolver a quienes no tengan derecho a permanecer, siempre mediante los procedimientos legalmente previstos. Puede perseguir a quienes organicen entradas irregulares, investigar injerencias extranjeras y reforzar su capacidad policial y de inteligencia. Nada de eso contradice una política respetuosa con los derechos humanos.
Lo que no puede hacer es convertir la frontera en un espacio de excepción. Nuestra Constitución comienza colocando la dignidad de la persona, no de la persona española, como fundamento del orden político. El Derecho de extranjería puede establecer legítimamente diferencias entre nacionales y extranjeros, pero existen derechos vinculados a la dignidad humana que no desaparecen con la nacionalidad ni con la irregularidad administrativa.
Seguridad, soberanía y Estado de Derecho
Esta es quizá la cuestión más importante que Ceuta plantea a una democracia europea. Hay que proteger a los ceutíes frente al miedo y el descontrol. Hay que proteger la soberanía española frente a cualquier instrumentalización procedente del país vecino. Hay que investigar si existió una operación híbrida y exigir responsabilidades si los hechos lo acreditan. Hay que disponer de policías, inteligencia, cooperación europea y una Administración preparada para crisis extraordinarias.
Pero hay que proteger también a quienes fueron lanzados -literal o políticamente- contra esa frontera. Una crisis migratoria puede ser simultáneamente una crisis de seguridad, una operación de presión exterior y una emergencia de derechos humanos. Reconocer una de esas dimensiones no obliga a negar las demás.
Tal vez ahí se encuentre la diferencia fundamental entre una política democrática de seguridad y el discurso de la “invasión”. La primera intenta recuperar el control sin convertir a una categoría de seres humanos en enemigo. El segundo necesita precisamente fabricar ese enemigo para ofrecer después la protección frente a él.
Ceuta necesita seguridad, sus habitantes tienen derecho a ella. Pero seguridad significa algo más exigente que levantar una valla más alta. Significa que el Estado controla su territorio, conoce qué ocurre en su frontera, anticipa las amenazas, no depende hasta la impotencia de terceros países y dispone de medios para gestionar a quienes llegan.
También significa que, cuando ejerce su enorme poder sobre una persona extranjera, lo hace sometido a sus propias leyes porque una democracia no protege los derechos de los migrantes porque ellos sean españoles. Los protege porque España es un Estado de Derecho. Y quizá sea precisamente en Ceuta, allí donde termina físicamente Europa, donde más necesario resulta recordarlo.
Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Salamanca
