Este proyecto coordinado por Ana Isabel Pérez Cepeda está estructurado en dos subproyectos, cuyos ejes principales son: en primer lugar, hacer una revisión de las bases ideológicas que sustentan el Derecho penal de aporofobia y analizar las manifestaciones de éste en la legislación actual (sub-proyecto 1), y en segundo lugar, aspira a ofrecer alternativas legislativas de justicia social (sub-proyecto2) que permitan la exoneración o la mitigación de la consecuencia jurídico-penal para quien comete un hecho tipificado como delito motivado primordialmente por su situación de exclusión o vulnerabilidad económica.

A la vez, el proyecto pretende orientar la investigación al estudio de las conductas de escasa o nula lesividad que son esencialmente cometidas por los excluidos del sistema para reflexionar sobre la necesidad o no de su criminalización. Finalmente, este proyecto quiere también aportar propuestas de reforma penal dirigidas a otorgar una mayor protección a los parias del sistema frente a los delitos de los que son víctimas, precisamente, por su condición de excluidos.

En cuanto a la metodología que se utilizará para llevar a cabo este proyecto coordinado puede ser diseccionada en tres grandes apartados: 1- la metodología propia de la investigación jurídica y la investigación criminológica, 2- el criterio empleado para distribuir las diversas áreas de trabajo y tareas o actividades concretas, y 3- el método de trabajo y coordinación entre los dos grupos de investigación.

1- El proyecto coordinado y, a su vez, los subproyectos, emplearán la metodología clásica de la investigación en la ciencia jurídica, esto es, el análisis de la legislación, jurisprudencia y doctrina existentes sobre los temas objeto de estudio del proyecto; deconstrucción de conceptos esenciales y formulación de propuestas político criminales de lege ferenda. Igualmente se empleará el estudio empírico propio de la Criminología para lograr algunos de los objetivos diseñados (particularmente, el objetivo específico 1 del subproyecto 1 – USAL).

2- La distribución de áreas de trabajo entre los dos grupos de investigación se asienta sobre los dos grandes bloques de estudio del proyecto coordinado: por un lado, la denuncia de la actual situación en lo que al sistema penal de aporofobia se refiere, y por otro, la formulación de una nueva política criminal que proteja al excluido del sistema. El grupo USAL se dedicará al primer bloque; el grupo Deusto, al segundo. En todo caso, los dos grupos ejercerán un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos generales del proyecto coordinado, lo que sin duda contribuirá a la necesaria sinergia que debe producirse entre ellos. La distribución de las áreas de trabajo se ha realizado teniendo en cuenta, fundamentalmente, la experiencia previa de los investigadores en la materia o materias afines.

3- Por último, en lo que al método de trabajo y coordinación entre grupos se refiere, se explican a continuación los aspectos referidos al proyecto coordinado y a los dos sub-proyectos. El método de trabajo del proyecto coordinado no planteará problemas en tanto que solo hay dos IPs, por lo que la comunicación entre ellas se prevé fluida y constante. Las reuniones de IPs se realizarán por medios telemáticos para abaratar costes. Habrá una reunión inicial de coordinación en el primer cuatrimestre para confirmar los objetivos del proyecto y el plan de trabajo de acuerdo al contenido final de la resolución ministerial. Esa información se comunicará por medios telemáticos a todos los investigadores. Desde ese momento, se prevén un mínimo de dos reuniones al año entre las IPs para constatar el nivel de ejecución del proyecto y los subproyectos, teniendo en cuenta el trabajo realizado por cada investigador, y para preparar la celebración de eventos concretos y la publicación de los resultados que se vayan obteniendo.

Asimismo, este proyecto coordinado cuenta con la presencia de expertos externos:

  • Hernán Hormazábal Malarée (Catedrático de Derecho penal, nombrado recientemente por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España como miembro del consejo asesor que estudiará la recuperación de la justicia universal).
  • Ricardo de Prada Solaesa (Magistrado de la Audiencia Nacional y juez internacional en la Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia)
  • Claudia Paz y Paz (anteriormente Secretaria de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos)