La política gubernamental se lleva a cabo a través de diversas formas según la concreta actividad a regular: política sanitaria, educativa, de empleo, medio-ambiental, urbanística, económica, etc. Una de esas formas es la denominada política criminal, o sector de la política estatal donde se toman las decisiones de cara a prevenir, y actuar, frente a los delitos. Una respuesta a dar por el Estado frente a asuntos que, como la corrupción, el terrorismo o los homicidios, tanto preocupan a los ciudadanos.
Una respuesta que es política, pues la argumentación de las posibles soluciones a adoptar, la base ideológica que las sustenta, constituyen un marco de decisión que se halla dentro de lo político. Atendiendo a este sentido político, cabría por tanto definir la política criminal como la medida o conjunto de medidas (jurídicas, sociales, educativas, económicas, etc.) que adopta una sociedad políticamente organizada para prevenir y reaccionar frente al delito, a efectos de mantenerlo en unas cuotas tolerables. Esto es, son las decisiones que una sociedad toma frente al delito, el delincuente, la pena, el proceso y la víctima.
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