Maza pegando a una bolsa que representa el mundo

El proyecto “Política Criminal ante el Reto de la Delincuencia Transnacional” aborda los datos existentes sobre la delincuencia transnacional junto con sus deficiencias, formula propuestas para mejorar la obtención de estos y examina su relevancia. Se han determinado cuatro tendencias político-criminales en función del tipo de delincuencia transnacional: Tradicional (tráficos ilícitos), económica (vinculada a la empresa), financiera y antiterrorismo. Todo ello, sin obviar la necesidad de adoptar teorías de justicia en torno al fenómeno de la multiculturalidad, respetando el pluralismo y la especifidad cultural.

Teniendo presentes estas tendencias, el objetivo principal fue estudiar el fenómeno de la criminalidad transnacional, explorando los procesos de restructuración subjetiva, normativa y funcional que determinan la política criminal en el contexto de las transformacio­nes económicas, sociales y culturales que acompañan la globalización. Para esto, apunta la constitución de redes de actores, de normas, de jurisdicciones y de mecanismos de ejecución que actúan para la cons­trucción y consolidación de políticas criminales concebidas cada vez más a partir de relaciones transnacionales.

La financiación se produjo por el Ministerio de Economía y Competitividad del gobierno de España (Referencia DER2012-31368), con una duración del proyecto que abarcó del 01/02/2013 – 31 /01/2016, siendo la investigadora principal Ana Isabel Pérez Cepeda (Universidad de Salamanca).

En ampliación de la información de este proyecto, desde una perspectiva novedosa, se aborda el concepto, naturale­za, alcance del sistema penal transnacional, la responsabilidad de las personas jurídicas, como principales sujetos activos de la delincuencia transnacional, las medidas de ejecución penal aplicables y los dere­chos de las víctimas de los delitos transnacionales. Por ende, se estudian los principales delitos considerados co­mo transnacionales, entendidos como delitos autónomos graves con una característica común: la transnacionalidad. En principio podría ser cualquier delito que trascienden las fronteras estatales, que afec­tan a las normas de diversos países o teniendo un impacto de algún tipo en otro Estado, por tanto, no se trata de una lista cerrada.

Res­pecto a estos delitos, se analizan los instrumentos internacionales y europeos, las instituciones, acuerdos y estrategias de lucha interna­cional (UNICRI: Instituto para la Investigación Judicial y Criminal Interregional de Naciones Unidas; Convención NN. UU. contra la delincuencia organizada transnacional, el Tratado de Funcionamiento de la Unión europea, directivas europeas …), los programas europeos e internacionales contra la delincuencia transnacional, los convenios internacionales y las directivas europeas en los ámbitos de actuación delincuencia transnacional: terrorismo, trata de seres humanos, dro­gas, delincuencia económica y financiera, corrupción, delincuencia informática, etc., la regulación penal y procesal de la criminalidad transnacional, la cooperación policial y judicial internacional fren­te a la criminalidad transfronteriza (Orden Europea de Detención y Entrega, el principio europeo de reconocimiento mutuo de senten­cias y resoluciones judiciales, EUROJUSTIS o EUROPOL) y las leyes penales, tribunales de justicia y sistemas penitenciarios nacionales.

En este último ámbito mencionado en el párrafo previo, se ha pretendido aportar soluciones a nuestra realidad nacional, resaltando de manera especial la implementación de los instrumentos internacionales en el ordenamiento nacional. La averiguación no sólo del cumplimiento de trasposición del contenido de estos instrumentos internacionales, sino también se valora una vez tipificadas ciertas conductas, si éstas finalmente resultan o no eficaces en el objetivo primario de reducir las cifras de criminalidad.

Por último, monográficamente, dada su relevancia, se han abordado dos estudios sobre dos delitos transnacionales: la trata y Terrorismo. Así como, los sistemas especiales de cumplimiento de pena para los condenados por delitos de terrorismo y delincuencia organizada.