El vaciamiento democrático avanza disfrazado de seguridad y libertad
La regresión de derechos en Estados Unidos, las políticas antiinmigración, la detención de Maduro y la expansión de los servicios de inteligencia argentinos son síntomas de una mutación global: el paso de la democracia formal a la plutocracia funcional.
Durante dos siglos, la historia del constitucionalismo se enseñó como una conquista progresiva: del absolutismo al Estado de derecho, del voto restringido a la ciudadanía universal, del privilegio al principio de igualdad. Hoy ese relato se ha invertido. Las democracias siguen en pie, pero cada vez más vacías. El poder económico transnacional ha colonizado el espacio político. Las decisiones fundamentales —económicas, energéticas o militares— se adoptan fuera del debate público, bajo el lenguaje técnico del mercado o la coartada de la seguridad. Es lo que podríamos llamar una plutocracia funcional, una forma de gobierno en la que el dinero legisla y la política administra. Ya no hace falta suprimir las urnas; basta con que su resultado no altere nada esencial.
Pocas palabras han sido tan rentables como “seguridad”. En su nombre se recortan derechos, se multiplican los controles y se normaliza el miedo. Lo que comenzó como una excepción se ha convertido en norma. Estados Unidos es el caso paradigmático: la regresión de derechos conquistados —desde el aborto hasta la protección de minorías— se disfraza de libertad individual. Pero bajo esa superficie se extiende otra forma de violencia hasta ahora menos visible: la de las políticas antiinmigración convertidas en práctica sistemática de persecución y abuso.
Las imágenes que hoy circulan no proceden solo de la frontera sur. En los últimos meses, la administración Trump ha desplegado militares y fuerzas especiales en ciudades del interior —como Chicago, Denver, Filadelfia o Nueva York— con el pretexto de “restaurar el orden” y “reforzar el cumplimiento migratorio”. En esas operaciones, se detiene a personas por su aspecto o por hablar otro idioma, se bloquean barrios enteros y se establecen puestos de control que actúan fuera de todo control judicial efectivo. La militarización de la vida cotidiana ya no es una amenaza lejana: es una realidad en el corazón urbano de los Estados Unidos.
Las redadas selectivas, la detención de familias en centros privados, las deportaciones exprés sin asistencia jurídica y los abusos cometidos por cuerpos policiales y agentes fronterizos forman parte de una maquinaria que ha institucionalizado la desigualdad bajo el lenguaje de la ley. El extranjero es tratado como una amenaza antes de ser una persona. Y cuando la violencia se normaliza en la frontera o en las calles de las grandes ciudades, termina filtrándose en toda la estructura del poder.
Los informes de organizaciones de derechos humanos llevan años documentando agresiones, torturas psicológicas y muertes bajo custodia de agentes de inmigración. El control migratorio se ha convertido en un espacio de excepción jurídica: se aplican reglas de facto que no pasarían el escrutinio constitucional en ningún otro ámbito. Lo que se presenta como defensa de la soberanía es, en realidad, la legalización del abuso.
En Europa, la dinámica no es muy distinta. Las políticas de externalización de fronteras, la militarización del Mediterráneo y los acuerdos con terceros países para frenar el tránsito migratorio reproducen la misma lógica de deshumanización. En nombre de la estabilidad, se delega la violencia. En nombre de la protección, se suspenden derechos. Y en nombre de la democracia, se naturaliza su vaciamiento.
La reciente detención de Nicolás Maduro vuelve a evidenciar una paradoja: el Derecho penal internacional, creado para limitar la violencia del poder, se utiliza cada vez más como instrumento político. El Estatuto de Roma y las Enmiendas de Kampala reconocen el crimen de agresión y la responsabilidad individual por el uso ilegítimo de la fuerza. Pero en la práctica, el sistema se aplica con geometría variable: rápido contra los débiles, prudente con los poderosos. El Consejo de Seguridad de la ONU, con su poder de veto y suspensión de investigaciones, convierte la justicia internacional en un tablero de intereses. El Derecho deja de ser un límite y pasa a ser una herramienta. Su neutralidad desaparece cuando el equilibrio de fuerzas determina qué crímenes son “intolerables” y cuáles son “gestionables”.
El anuncio del Gobierno argentino de habilitar a los servicios de inteligencia para detener sin orden judicial “por motivos de seguridad nacional” marca otro paso hacia la erosión del Estado de derecho. El control judicial previo no es un obstáculo, sino una garantía: la que separa el Derecho penal del poder punitivo sin control. Cuando se elimina, lo que se gana en eficiencia se pierde en democracia. Esa ampliación de facultades recuerda demasiado a los mecanismos de represión política del pasado, solo que ahora se presentan con el lenguaje de la modernidad institucional. El problema no es solo argentino: es estructural. La excepción se ha convertido en forma de gobierno global.
El autoritarismo contemporáneo no necesita uniformes ni marchas. Es más eficaz cuando se disfraza de tecnocracia. Lo que emerge es un fascismo de los mercados, un poder que opera silenciosamente a través de la despolitización, la criminalización del disenso y la privatización de la soberanía. En ese marco, la plutocracia no destruye la democracia: la absorbe. Las instituciones se mantienen, pero su contenido se vacía. Las elecciones se celebran, pero el margen de decisión es nulo. La política se convierte en administración del miedo. El miedo, al inmigrante, al otro, al futuro, se ha transformado en el principio constituyente del siglo XXI.
El Derecho penal internacional no puede renunciar a su función originaria: limitar la violencia del poder. No se trata de inventar nuevas normas, sino de rescatar la eficacia de las existentes, blindarlas frente a la captura económica y política, y reactivar el principio de igualdad ante la ley. El reto no es técnico, sino político, puesto que cuando los derechos se suspenden en nombre de la seguridad, cuando la soberanía se negocia en los mercados y la justicia se aplica por conveniencia, el fascismo —con traje o con toga— vuelve a empezar. Y entonces ya no habrá que derogar la democracia: bastará con dejarla sin contenido.
Catedrática de Derecho Penal, Universidad de Salamanca
